Escribe: Leonardo Galante.
La desigualdad en los ingresos fue una de las conclusiones a las que arribó la consultora Exante tras su investigación en base a números oficiales. El 80% de los hogares tiene ingresos inferiores a los de 2019. El 20% de hogares más ricos cuenta con 3,5% más de ingresos que en 2019. Los cálculos de Exante señalan que los $145.634 de ingreso promedio de los hogares ricos, en 2019, crecieron hasta alcanzar los $206.045. Para el 20% de hogares más pobres, los ingresos pasaron de un promedio mensual de $20.769 en 2019 a $27.681 en 2023; para el segundo quintil fueron de $36.764 a $49.755 en el mismo período; con el quintil 3 pasó de $52.610 a $71.149, y en el cuarto quintil fue de $74.882 a $100.510. Si bien se observan incrementos, cuando se ve el poder de compra en términos reales los datos muestran una pérdida consistente. Mientras el quintil más rico aumentó 3,6%, el quintil 4 perdió 1,7%, el quintil 3 dejó 1%, el quintil 2 resignó 0,9%. Pero el que más perdió fue el quintil más pobre 2,4% del poder adquisitivo.
En este contexto existen indicadores sociales de graves consecuencias a los que la gobernante coalición de derecha no dió respuestas sino que sus políticas ahondaron en la crisis social que fragmenta al Uruguay. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa reveló un dato alarmante sobre la educación en Uruguay. Según el análisis de los microdatos de la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística, solo el 51,6% de la población de entre 21 y 23 años completó la educación media superior. Este porcentaje, lejos de las metas establecidas por el gobierno actual y administraciones anteriores, coloca a Uruguay en el puesto 15 de 17 países en América Latina y el Caribe. Solo Honduras y Haití tienen peores registros que Uruguay en este tema.
Y mientras estas cifras asustan no es menor el grado de corrupción que existe en el país y que tiene como protagonistas a dirigentes del partido Nacional. La diputada del partido Nacional por el departamento de Artigas, Valentina Dos santos, atraviesa una situación complicada. La indagatoria penal de la Fiscalía por el pago de horas extras irregulares en la comuna de Artigas avanza y ya declararon el intendente Pablo Caram y la diputada, quien fue señalada por la jefa de Recursos Humanos de ser quien le ordenaba pagar las horas extras sin ninguna justificación. Y mientras en la intendencia de Artigas se llevan gastados más de once millones de dólares en horas extras infundadas que benefician a funcionarios militantes blancos, la crisis alimenticia en Uruguay no para de crecer.
Desde el primer día el gobierno de derecha arremetió con toda su fuerza contra las organizaciones sociales. La coordinadora de ollas populares denuncia que tras un convenio firmado en 2021, con el Instituto Nacional de Alimentación para apoyar con insumos a las ollas populares, el convenio no fue renovado y se decidió tercerizar el apoyo a través de una organización privada sin experiencia ni criterios técnicos adecuados para el manejo de alimentos. La coordinadora acusa al gobierno de hostigamiento por señalar que existe una crisis alimentaria en un contexto de crecimiento económico y exportación de alimentos. Además, critican al exministro de Desarrollo Social, Martín Lema, por realizar denuncias infundadas y no abordar los manejos fraudulentos de los fondos públicos destinados a combatir el hambre. Actualmente, más de 240 ollas y merenderos populares continúan operando en Montevideo, enfrentando la pobreza, desigualdad y violencia que marcan la vida cotidiana en estos contextos. La Coordinadora destaca que, a pesar de los ataques y la falta de apoyo estatal, las ollas populares resististen promovido iniciativas comunitarias como colectivos de trabajo, apoyo escolar y huertas. También critican la ausencia del ministro, que ahora está en campaña política, y la falta de respuesta de la ONG intermediaria que es quien administra a su antojo los recursos públicos.
El desmadre de la derecha privatizadora, en el tramo final de su gobierno, encontró una férrea oposición en la justicia, para evitar un negociado que beneficia de manera directa a los amigos del gobierno con adjudicación de obras y un negocio multimillonario en dólares que está expresamente prohibido por la Constitución de la República. Una sentencia del juez Alejandro Recarey, afirma que hay bases legales para suponer que puede estarse ante un proceso de privatización parcial del suministro público de agua potable”. El juez Recarey resolvió hacer lugar a la imposición de una medida cautelar de no innovar y emitió una sentencia interlocutoria que ordena a OSE no suscribir el contrato con el consorcio Aguas de Montevideo, para la construcción de una nueva planta potabilizadora en la zona de Arazatí para abastecer de agua potable al área metropolitana. El magistrado entiende que la adjudicación infringe el artículo 47 de la Constitución y eventualmente, a la Política Nacional de Aguas.
El fracaso del gobierno en el conjunto de sus políticas en este quinquenio es total y absoluto. El Instituto Cuesta Duarte observa “luces amarillas” en cifras de empleo de las que habla el gobierno en campaña electoral. El instituto del Pit-Cnt afirmó que los 42.000 nuevos puestos de trabajo del primer cuatrimestre del año son “en su totalidad informales”. La cantidad de ocupados no registrados en la seguridad social creció de 335.000 a 377.000 entre el primer cuatrimestre de 2023 y el de 2024. La tasa de personas no registradas en la seguridad social se ubicó en 21,9%, por encima del 19,9% del primer cuatrimestre de 2023. Esta desmejora “deja en evidencia problemas en la calidad de los puestos de trabajo que la economía está generando”. Un conjunto de indicadores que revelan la profunda desigualdad en la que viven la inmensa mayoría de los uruguayos, cuando el ciclo de la gobernante coalición de derecha ingresa a su tramo final. En este año electoral es clave para que cada ciudadano tenga en cuenta a la hora de emitir su voto, la responsabilidad del gobierno en la crisis social y económica que deja tras su paso al frente del gobierno. Es la hora del pueblo y su decisión marcará el rumbo del país para los próximos cinco años.
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